Jirabel is giving testimony on Wednesday 11 October, 09:30-15:30 Casablanca Time at the Peoples’ Alternative Global Tribunal on the IMF and World Bank in Marrakech, Morocco. Watch live via Facebook.
Situación de Barranquilla en el norte del ecuador y la impunidad del estado en repuesta a las empresas extranjeras y sobre todo a los proyectos activistas y cómo las políticas económicas afectan a nuestras comunidades sobre todo a las comunidades negras y a las mujeres.
Las tierras comunales en el Ecuador se encuentran invadidas y al acecho de las empresas privadas, el Estado con su discurso de falso desarrollo y unas cuantas desigualdades son perfectas para una sentencia abusiva.
El 28 de junio del 2000, bajo registro N° 070 del Libro Registro de la propiedad del Cantón, y con N. 01 del Libro Repertorio, Página n°038 de esta oficina, fue inscrita una Adjudicación de un lote con una cabida de 1430,80 hectáreas, que otorga el INDA a favor de la Comuna afroecuatoriana, protocolizada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Esmeraldas
Barranquilla se encuentra en el pequeño cantón de San Lorenzo, uno de los pueblos más pobres del Ecuador. Cerca de 1600 personas viven en 1430 hectáreas que forman parte de unas de las zonas más biodiversas del planeta.
La comuna de Barranquilla alega que, en el año 2000, detectó que la empresa palmicultor Energy & Palma invadía su territorio.
la tensión persistió y llegó a su punto más álgido en el 2016, cuando el exgerente de operaciones de la palmicultora les dijo que no bastaba con las escrituras y que necesitaban un documento de alguna autoridad que certificara su propiedad: solo así la empresa saldría de allí.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) publicado el 22 de septiembre de 2017. El informe dice que en el territorio de la comuna de Barranquilla “se identificó un posible desmembramiento del predio comunal, el MAG informa que han sido ocupadas 251 hectareas pero los comuneros aseguran que la sobre posición es de al menos 754 hectareas mas de la mitad de su territorio.
Han sido varios los intentos de la comunidad por acercarse a la compañía. De hecho, en 2019, Energy & Palma les propuso una mediación
El 4 de octubre de 2019 empezó una resistencia que duraría tres meses. Los comuneros instalaron camas, cocinas y viviendas en el territorio en disputa.
El conflicto inició en noviembre del 2019 a partir de un plantón pacífico que llevó a cabo la comuna de Barranquilla en reclamo a la empresa Energy & Palma por la contaminación de sus fuentes de agua naturales, por la ocupación ilegal e inconstitucional de su territorio y por la deforestación del bosque primario, por parte de la palmicultora, del bosque parte del ecosistema del Chocó esmeraldeño que se encuentra en las tierras en disputa.
Energy & Palma solicitó medidas cautelares a su favor Además, la compañía demandó por 300 mil dólares a siete líderes de la comunidad.
En septiembre de 2021, el juez de primera instancia del cantón San Lorenzo sentenció a cuatro de los defensores a pagar parte de la indemnización exigida por la empresa.
La comunidad apeló esta decisión y el 28 de julio de 2022, los jueces redujeron el pago a una ínfima cuantía, aunque está pendiente la sentencia por escrito.
Nathalie Bonilla, representante de la organización Acción Ecológica, dice que la palma es un cultivo asociado a problemas como la violencia, contaminación y violación de los derechos a la naturaleza. Energy & Palma comenzó a “sembrar palma por medio de la compra y venta irregular e ilegítima, convirtiendo parte de este territorio en propiedad privada”.
Las denuncias por contaminación hasta el Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE), no hay resultados. hasta el momento “no ha habido ninguna denuncia ante esta Mesa” ni hay ningún caso abierto en contra de Energy & Palma.
Ninguno de los reclamos y denuncias que han hecho los habitantes de la comuna de Barranquilla han sido suficientes para que las autoridades tomen acciones concretas. Incluso, la reciente intervención de Néstor Caicedo en la Asamblea Nacional puso en evidencia que sus peticiones no han sido atendidas por las instituciones encargadas de control ambiental.
Lo preocupante de todos estos casos es que, para estas comunidades históricamente racializadas, los procesos de acceso a justicia son difíciles de alcanzar. La lucha constante de las comunidades por mantener sus ríos limpios demuestra la falta de aplicación de medidas determinantes desde la esfera legal por frenar la contaminación de grandes empresas. Por otro lado, el nivel de empobrecimiento hace difícil que los trabajadores de este tipo de zonas puedan, si quiera, contratar abogados para llevar sus casos, ya sean de despojo territorial o abuso laboral. Incluso, según Moreno 2019, existen casos en que estas empresas criminalizan a quienes están peleando por sus derechos, como en el caso de los líderes de la comuna Wimbí en sus procesos de resistencia.
Existe una relación directa entre la deuda externa y la explotación de recursos naturales, en Ecuador, el Ministerio de Ciencia se abraza a las corporaciones extractivas como es el caso de ENERGY PALM.
De acuerdo con investigaciones del Movimiento Mundial por los Bosques los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Japón, Italia, Reino Unido, y EE.UU.) son los que controlan los organismos financieros internacionales y son estos países quienes realmente imponen las condiciones y políticas sobre las cuales las IFI's otorgan los préstamos. Entre estás políticas se encuentran los programas de ajuste estructural cómo mejorar la balanza de pagos a través del incremento de las exportaciones que se traduce en que empresas transnacionales como ENERGY PALMA pongan en práctica la explotación de los recursos naturales, con amplias consecuencias ambientales y sociales con completa impunidad.